Plan Estatal de Protección Civil Ante el Riesgo Químico

Los conocimientos y la experiencia demuestran que numerosas sustancias y mezclas de sustancias químicas, presentes con frecuencia en nuestra sociedad, pueden producir, por sus características fisicoquímicas y/o toxicológicas, daños sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.

A medida que los avances tecnológicos han dado origen a nuevos materiales y procesos, hemos asistido a un incremento casi exponencial en el número y aplicaciones de las sustancias químicas disponibles. Consecuencia de este desarrollo es la existencia de establecimientos en los que se producen, almacenan, manipulan y transforman grandes cantidades de sustancias peligrosas; dichas sustancias se gestionan bajo circunstancias muy diversas, lo que supone un riesgo característico para la sociedad conocido como riesgo químico.

Los accidentes graves con sustancias peligrosas se manifiestan en forma de incendios, explosiones, fugas y derrames, que conllevan fenómenos peligrosos de tipo térmico, mecánico y químico, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. Las actuaciones preventivas adoptadas por los gestores de estas actividades y por el conjunto de las Administraciones Públicas constituyen un primer frente de medidas dirigidas a la reducción y control de este tipo de riesgo. No obstante, sin perjuicio de las medidas preventivas que corresponde adoptar, es preciso prever los mecanismos que permitan la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la asistencia y protección de la población en aquellos casos en que fallen los sistemas de prevención.

El Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico tiene como finalidad establecer la organización y los procedimientos de actuación de aquellos recursos y servicios del Estado y, en su caso, de otras entidades públicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas, ante las diferentes situaciones de emergencia por accidente con sustancias peligrosas, en las que esté presente el interés nacional, así como los mecanismos de apoyo a los planes de Comunidades Autónomas en los supuestos que lo requieran.

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