“Tarifazo” del Punto Verde

Ya hablabamos de esto en un post anterior. Ahora algo más de información…

Ecoembes ha incrementado las tarifas de su Punto Verde un 35,8% y ha desatado una tormenta, ya que la medida afecta a muchas empresas españolas, que se preguntan por qué lo hace en medio de la recesión. 

El problema está en las cuentas de este Sistema Integrado de Gestión (SIG), que administra el reciclaje de la mayoría de los envases que los ciudadanos utiliza: van a entrar en números rojos y necesita ingresos adicionales para seguir operando. Si caen las ventas y crecen los gastos, el resultado de las cuentas anuales será negativo. Ecoembes no es la única sociedad que sufre este proceso como consecuencia de la recesión. Sin embargo, a diferencia de otros negocios, este SIG no tiene ánimo de lucro y la tarea que realiza es obligatoria por ley. 

Los ingresos de Ecoembes proceden, en su mayoría, de la tarifa del Punto Verde que se aplica a los envases que se ponen en el mercado, aunque también de las ventas de los materiales reciclados. Sin embargo, el consumo de los hogares ha caído sin parar desde mediados del año pasado, llegando a un descenso del 5,1% en el tercer trimestre de 2009. Además, los precios de venta de los bienes recuperados también han descendido, provocando que los ingresos de Ecoembes adelgacen considerablemente.  

A este tropiezo en las ventas hay que añadir el incremento de los gastos de Ecoembes, porque los españoles arrojan cada vez más envases en el conocido contenedor amarillo. El 95,5% del desembolso de este SIG está destinado a las empresas, entidades locales y autonómicas que recogen, seleccionan y tratan los residuos, y que cada año tienen más trabajo.

El resultado es que Ecoembes prevé tener un déficit de 284 millones de euros hasta 2011. ¿Cómo calcula el SIG esta cifra? A través de la previsión de los gastos que tiene sobre lo que costará la gestión de los residuos según cada comunidad autónoma y realizando una proyección de la cantidad de envases que se pondrán en el mercado. Como la única manera que Ecoembes tiene de conseguir más ingresos es a través del Punto Verde, la compañía se ha visto obligada a subir un 35,8% las tarifas, una medida que no ha gustado a algunas patronales, en concreto a los fabricantes de electrodomésticos, agrupados en Anfel y Fape, y las empresas de electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones, reunidas en Aetic, y Asimelec. Mientras tanto, las industrias más afectadas por la subida, como las de gran consumo asociadas a la alimentación, no se han querido pronunciar sobre el tema. ¿De qué se quejan estas patronales levantiscas? De que una subida de la tarifa no es oportuna en tiempos de crisis y de que les afectará en su negocio, ya que malogrará un poco más la caída de las ventas.  

Sin embargo, la legislación es clara al respecto: quién debe pagar el extracoste del reciclaje es la empresa que pone el envase en el mercado, esto es, el fabricante. Por lo tanto, la situación es compleja: al no querer asumir ese coste extraordinario, los fabricantes acusan a Ecoembes de una larga lista de problemas e, incluso, han amenazado con una denuncia en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Estas industrias consideran que el SIG es un monopolio, aseguran que el incremento de la tarifa repercutirá en el consumidor y apuntan que las cuentas del SIG son irregulares. Además, las patronales piden explicaciones acerca de la gestión de los residuos aunque se han negado a reunirse con Ecoembes.

Por su parte, Ecoembes se defiende porque opera en un mercado libre: nadie obliga a las firmas a utilizar su plataforma y cualquiera puede crear una similar. El escollo está en que la única alternativa a un SIG es un sistema de depósito individual, que supondría un mayor coste para las compañías y es menos eficiente. Una opción que las patronales que se han echado al monte no contemplan.

Sin embargo, la cuestión más espinosa está en la responsabilidad: quién se hace cargo del coste de reciclar los envases. Si las compañías trasladan el incremento del precio al consumidor, no están cumpliendo con la legalidad. La alternativa que plantean las compañías es destinar menos fondos a I+D+i.

Finalmente, las patronales denuncian que desconocen la gestión de Ecoembes y creen que es mejorable, sobre todo, en cuanto a la reducción de gastos. El SIG, por su parte, ha intentado reunirse varias veces con Anfel, Fape, Aetic y Asimelec para explicarles la situación y aclarar cualquier duda. Las patronales se han negado a negociar y han tomado el camino de la denuncia pública y el posterior recurso al Tribunal de Defensa de la Competencia.

Fuente: Expansión.

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